Se transfiere amplio poder recaudatorio y de inspección a las CC.AA.
Mientras se mantiene paralizada la reforma de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, LOTT que se presentó como una mejora de los procesos administrativos para defender y proteger la actividad de las empresas de transporte, se ha preferido acelerar una Ley Orgánica para mejorar la recaudación por multas a los transportistas y a las empresas. De hecho, el propio ministerio de Fomento ha definido este proyecto como una manera de “simplificar y agilizar los procedimientos de inspección y sanción en el transporte por carretera, para mejorar la eficiencia en la persecución y sanción de infracciones“.
En este sentido, el nuevo texto garantiza que cualquier comunidad autónoma pueda sancionar cuantos hechos infractores se detecten en su territorio, aunque se hubiesen cometido fuera del mismo, dando a cada caso el mismo criterio de extraterritorialidad que rige en la normativa Europea.
El proyecto de Ley Orgánica concede amplios poderes inspectores a las comunidades autónomas excepto aquellas atribuidas a la guardia civil o al control de fronteras.